Haciendo el estúpido

Una muestra más de la gran estupidez que supone la intervención del estado en una economía abierta la hemos vivido los españoles hace unas semanas, les pongo en antecedentes.
El sector de las telecomunicaciones en España está dominado principalmente por tres grandes grupos: Telefónica, Vodafone y France Telecom debido a la adquisicón de Amena y la creación de Orange; recientemente se ha unido Yoigo. Por si no ha quedado claro me estoy evidentemente refiriendo al sector de la telefonía móvil.
El sector de dicho mercado tenía establecido como política de precios el establecimiento del cobro de llamada y facturación por minuto, es decir, si nosotros sólo usábamos 45 segundos, la compañía nos cobraba el minuto entero. Esta situación de clara injusticia debido a una posición dominante de las compañías frente al consumidor al aliarse entre ellas y pactar un precio, rompe los esquemas de un mercado libre.
Ante esa situación, el gobierno en su afán salvador del consumidor y luchador infatigable ante las injusticias de las malignas corporaciones, obligó a las compañías a cambiar su política de precios. Éstas evidentemente se adoptaron al nuevo marco legal impuesto. Pero lo que el adalid de los perjudicados no sabía era que su acción iba traer con ello una consecuencia no deseada por entrometerse en un lugar donde no le corresponde.
En vez de dejar al mercado solucionar el problema por sus propios mecanismos de auto-regulación (aparición de nuevos competidores que quieran romper el status quo; las quejas continuadas de los consumidores en perjuicio de la imagen de las compañías, el descenso del consumo debido a los precios y la consiguiente merma de beneficios, etc.), el estado motivó que las compañías se sintieses atacadas y sin la necesidad de ver el por qué debían cambiar de estrategia de precios. Ante eso, en vez de verse perjudicadas buscaron una forma de mantener sus ingresos a pesar de la imposición legal, porque para ellas, el consumidor aceptaba ese precio, se encontraban en equilibrio.
La solución fue subir el precio de las tarifas. Las consecuencias: protestas de los consumidores. Pero lo gracioso no termina aquí, sino que comienza. ¿A quiénes creen que culpan los consumidores de la subida de precios? ¿A los políticos? ¿A las empresas? Pues les digo que sorprendentemente a las empresas. Y es que así de adormilados por el estado del sopor que supone el Wellfare State se encuentran los ciudadanos.
En vez de comprobar y comprender el mecanismo iniciado por el Gobierno, ven en el poder político su aliado contra un enemigo común, sin darse cuenta de que están durmiendo con el asesino. Evidentemente esto favorece al Estado que ve legitimado caca vez más sus ansias de poder e intervencionismo y perjudica a todos, porque ataca en la línea de flotación lo que se supone el principal beneficio de un mercado libre, el establecimiento del precio a través de la oferta y la demanda. Cuanta economía nos queda por aprender.