Luego se quieren llamar liberales

Dos noticias acaecidas entre este lunes y la semana pasada han llamado mi atención por como han demostrado el lado interventor, socialistas y liberticida de nuestros políticos. Y no me refiero al programa de PODEMOS y su iniciativa de renta básica universal.

La primera ha sido la noticia proveniente desde Rusia de la prohibición de importar productos de la Unión Europea, sobre todo agrícolas. La medida ha desatado la alarma entre los agricultores españoles, ya que el país ruso es uno de los principales importadores sobre todo de frutas y hortalizas nacionales. No han tardado mucho por tanto los agricultores españoles en pedir ayudas para evitar esa medida. Ahora muchos dirán que eso en un sistema menos liberal y con menos comercio libre no ocurriría. Lo que parecen no darse cuenta es que la medida es producto de una respuesta política a las medidas de bloqueo económico por parte de otros políticos y sus estados.

Los sindicatos agrícolas no han perdido el tiempo y ya han solicitado que la Unión Europea compre el excedente producido para que los precios se mantengan y no caigan ¡Fantástico! Empleados el dinero de los ciudadanos de la unión para comprar excedente y que los precios de nuestra cesta de la compra nos sigan saliendo igual de caros cuando podrían salirnos más baratos. Una lógica política de libro, si señor.

La nota cómica la ha dado como no, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (sic) en boca de la dueña de su cartera, la ministra Isabel García Tejerina que defiende el uso del dinero de todos para comprar el excedente debido a la situación inesperada provocada por Rusia y su prohibición pero también, a las extraordinarias condiciones medio ambientales actuales, es decir, que debido a que la climatología ha sido perfecta para la producción, el excedente es mayor y por tanto, hay que mantener artificialmente el precio a toda costa.

La otra noticia también tiene como protagonista a España y la Unión Europea, ¡como no!, pero se le suman dos actores más, Gibraltar y el Reino Unido. Resulta que el organismo europeo, ante una reclamación por parte de los comerciantes del otro lado del Peñón, ha decidido investigar si se producía algún tipo de fraude fiscal. Sus conclusiones, comunicadas a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. OLAF (sic),  son que si, sobre todo en lo referente a blanqueo de capitales y mercado negro del tabaco. Las estimaciones que se manejan cifras entorno a los 1.200 millones de euros.

Bajo la óptica estatal, los malos son los individuos que se dedican al contrabando de tabaco, sin pararse a pensar ni un segundo, como se ha llegado a la situación en la cual, una serie de personas deciden ejercer dichas actividades porque las consideran muy lucrativas. Y si, ya digo ahora mismo que la culpa es de esa manía intervencionista del Estado.

El mercado del tabaco en toda la Unión Europea está excesivamente regulado con medidas que incluyen desde los lugares de venta y adquisición de licencias, etiquetado de los paquetes hasta los altos impuestos que este tipo de producto padece. La imposición fiscal al tabaco alcanza en España un 50% del precio de venta del producto, es decir, de cada 10 euros que pagamos por cartón, 5 son producto de impuestos. Teniendo en cuenta que la media del precio de un cartón en España ronda los 40 euros, estamos hablando de que 20 euros son impuestos.

Al otro lado de España, en Gibraltar, el precio del mismo es mucho más barato, unos 20 o 25 euros. No hace falta ser un experto en economía para darse cuenta de que mantener el precio de un producto por encima del precio de mercado que oferentes y demandantes pedirían, ocasiona un mercado negro y por tanto, contrabando. El estado crea las condiciones y luego no admite que se ocurran los hechos, otra magistral forma de actuación muy en línea con su forma de pensar.

Como no, la nota de color la vuelven a dar los políticos españoles, en este caso Carlos Floriano, diputado del Partido Popular, que en unas declaraciones en Onda Cero dice que "hay motivos para creer que se cometen delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales." Señor Floriano, ya se lo digo yo, si, se comente actividades de contrabando y blanqueo de capitales y se seguirán cometiendo, porque mientras la presión fiscal de este país sea como es y sus regulaciones mantengan el alto el precio de forma artificial, habrá siempre quien decida correr ese riesgo a cambio de las sustanciales ganancias que le esperan. ¿Quiere acabar con ello? Pues no regule más, sino menos y deje actuar al mercado de forma libre, verá que sorpresa.

Luego dirán algunos políticos que ellos son los liberales de verdad.

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DE TRANSPORTISTAS, PESCADORES, AGRICULTORES, UN GOBIERNO PERDIDO Y EL DINERO DE LOS DE SIEMPRE.

Ya tenemos aquí las manifestaciones y las huelgas de los sectores de siempre cuando sube el precio del petróleo y los combustibles. Al igual que todos los años tenemos un pariente que vuelve por Navidad, cada cierto tiempo los MPHCSP (Me Pongo en Huelga Cuando Sube el Petróleo) colapsan nuestras calles y dejan desabastecidos nuestros mercados con sus reivindicaciones. ¿Y qué es básicamente lo qué quieren?, pues que el Estado les subvencione los combustibles para sus actividades, es decir, dinero, es decir, que ustedes y yo les paguemos llenar el depósito de sus camiones, tractores y barcos para seguir trabajando.

Voy a contarles un cuento: Era hace mucho tiempo el dueño de un bar (o de un kiosco, el frutero, etc.) tuvo que subir los precios de los cafés y los refrescos porque la luz para hacer los capuchinos y mantener frías las Fantas subió, porque el carnicero hizo lo mismo con la carne de las tapas que pone, el frutero de las frutas con las que hace el zumo y aún por encima, el chiquillo, un joven normal y corriente, decidió hace unos años estudiar una carrera y se fue a vivir de alquiler y claro, éstos también han subido. Esto es lo que se conoce como inflación, una enfermedad que se contagia a todos los sectores de no poder ser controlada, y la inflación, que no es otra cosa que la subida constante durante un tiempo a tasas elevadas de los precios, a quien más daño hace es a los pobres; Milton Friedman decía que era “el impuesto de los pobres.”

Pero volvamos a nuestro sufrido dueño del bar. La estrategia seguida por él se llama trasladar la subida de costes a precios, es decir, que si me suben los gastos para mantener mis beneficios subo los precios. Claro que nuestro barman no se percató de que sus clientes, ante la subida de precios, iban cada vez menos a su establecimiento, hasta que llegó el momento en que la subida de precios no compensó la subida de los costes debido a la falta de clientela (vendía cada vez menos y a pesar de que había subido los precios, ganaba menos dinero). Llegados a este punto, nuestro intrépido hostelero no se arrugó, bajo los precios al nivel anterior, sabiendo que perdía dinero pues no compensaba costes, pero no se quedo ahí, se puso en huelga junto con todos los hosteleros del país, para demandar del Gobierno que subvencionase la subida de los costes, pues con los precios como los tenía, no podía tener beneficios. Así que durante varios días, en España no se pudo tomar cafés con churros, ni colas, ni nada de nada, porque los pobres hosteleros andaban en piquetes y manifestaciones reclamando lo que consideraban justo para su sector. Ahora cambien bar por transportistas, pescadores o agricultores y verán que el cuento les sale igual.

Soy consciente de que he simplificado el problema, porque los transportistas o pescadores sufren algo que los dueños de un bar no sufren, los intermediarios. Los intermediarios son los contratistas, es decir, los que hablan con el supermercado para oír cuantas patatas necesitan, hablan con el agricultor para que tengan listo el pedido y hablan con el camionero para que transporte las patatas de Xinzo a MercaMadrid. En todo este proceso, a los agricultores les ponen un precio, a los transportistas otro y al supermercado otro, teniendo en cuenta que el supermercado traslada vía precios (sin los problemas de un bar) los costes al consumidor final. Sin embargo, cuando suben los costes al principio de la cadena y en medio (los productores y los transportistas), estos dicen que no pueden trasladar vía precios esas subidas porque los intermediarios del mercado son pocos, están aliados y casi son como una mafia, resumiendo, no hay competencia.

Esta falta de competitividad, que no es otra cosa que falta de mercado, se debe al cuasimonopolio de estos pocos cargadores, que pactan con los transportistas precios a largo plazo, que sin embargo la ley de Transportes Terrestres de 1987, permite revisar en caso de que el buen funcionamiento y beneficio de ambas partes esté en peligro; ¿actúa la ley? Pero vayamos un poco más allá, en el caso de que algunos transportistas acepten trabajar a precios por debajo de costes y los cargadores suban precios en destino (supermercados) se considera una actividad de dumping y está penada por ley; ¿hacen algo los responsables del gobierno en materia de transportes? evidentemente no.

Mientras tanto, los huelguistas dirigen sus críticas al actor equivocado, exigiendo medidas que en vez de favorecerles a ellos, favorecen principalmente a los culpables que la están provocando, pues de concedérseles sus peticiones, los cargadores seguirán imponiendo condiciones y precios en cuasimonopolio; y lo que es peor de todo, lo pagaremos cada uno de nosotros de nuestros bolsillos.

El problema es por supuesto mucho más complejo, y otro de los culpables es el propio gobierno, que establece unos impuestos sobre carburantes que llegan a casi el 41% del precio final del combustible, y esto afecta a los transportistas y a todos nosotros.

Con todo ello, que cada uno saque sus conclusiones, pero si me permiten un consejo, vayan preparando el bolsillo.

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